Tobías Crespo, quien es el autor de la Ley 63-17, dijo que la Procuraduría General de la República ha mostrado incapacidad en el manejo y cobro de las multas, mientras la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto de Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) también han sido incapaces en hacer cumplir la ley.
“Todas estas instituciones lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, y no lo están haciendo, por eso usted ve que a diario se producen accidentes lamentables en las vías. Tienen que velar por su cumplimiento, si no lo hacen continuará esta pandemia que hay de incidentes de tránsito en nuestras avenidas, carreteras y calles del país”, recordó.
Detalles del proyecto
Tobías Crespo, con relación al pago de las multas, dijo que al día de hoy bajo el principio de racionalidad y proporcionalidad su pago es inalcanzable para los ciudadanos por sus bajos ingresos, sobre todo los que ganan el suelo mínimo de 10 mil pesos y los que trabajan en la informalidad.
“Las multas que se están pagando son del año 2007, es decir tenemos una ley nueva con multas viejas, y en ese sentido lo que establece la ley 12-07 del año 2007, hace casi 20 años es el pago de mil pesos para las leves y mil 650 para las graves. En la nueva ley 63-17 se establecen tres tipos de clasificaciones; de uno a tres salarios mínimos para las leves, de uno a cinco salarios mínimos para las graves y de uno a siete salarios mínimos para las muy graves. Las multas están en montos desde 10 mil hasta 70 mil pesos, es muy difícil que un motoristas, un deliverys y los ciudadanos con ingresos de salarios bajos paguen unas multas tan altas”; señaló.
Explicó que la pieza plantea que como el salario mínimo es de diez mil pesos y para que se mantenga, indexado a futuro, propone bajar las multas en un 75 por ciento, eso establece que las multas más leves de las leves serian de 2 mil 500 a diferencias de 10 mil pesos, y las más altas de las graves estaría en 17 mil 500 pesos, que actualmente son de 70 mil pesos.
“A la vez este proyecto distribuye los montos de las multas para los ayuntamientos, alcaldes en la municipalidad. Si la violación es en el municipio, el 40 por ciento del monto recaudado por las multas sería del ayuntamiento local, un 20 por ciento al Intrant, otro 20 a la Digesett y el restante 20 a la Procuraduría. Actualmente todo el dinero va a ésta última y no se distribuye al sector”, indicó.
El diputado de la FP significó que el proyecto, que perimió hace aproximadamente cinco años, aportaría tres puntos importantes; fomentar que el régimen sancionador empiece su aplicación con la reducción de monto de las multas, distribuir el porcentaje de las multas de manera equitativa entre los entes u órganos que tienen que ver con el sistema, así como además, resolver un conflicto que hay actualmente en el sistema de justicia, con un cuello de botella de “tira y jala”, entre los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz y especiales de tránsito por un tema de competencia.
About The Author
Más noticias
Ministerio de Energía y Minas mejora el alumbrado público en Sánchez Ramírez
Caso Sudiksha Konanki | Juez acoge habeas corpus a favor de Joshua Steven Riibe: «Es un testigo, debe seguir su vida normal»
Senado aprueba modificación a la ley que crea la Corporación Turística Cabo Rojo