Comunitarios rechazan muro carretera San Isidro

SANTO DOMINGO.- El cambio de diseño de la carretera de San Isidro, específicamente desde la Charles de Gaulle a la Base de Isidro preocupa a los usuarios de ese entorno, quienes hoy alegan que la misma es excluyente con un “muro de la vergüenza”, que impide el paso peatonal por esa vía.

Contrario al esquema original que inició con una isleta central arborizada, ahora se levanta un muro de contención que es rechazado por juntas de vecinos del lugar, quienes se quejan desde que observaron la variación.

Marcos residente de Cuidad Oriental, quien funge de vocera citó varios acuerdos internacionales, que son violados con el referido muro que excluye a las personas con discapacidad, envejecientes y niños y niñas.

“Ese es un modelo de ciudad que en todas partes del mundo está obsoleto, hoy día la tendencia es la de ciudades inclusivas, aquí sucede lo contrario”, comentó la arquitectura.

Este muro además obstaculizaría el acceso al residencial, ya que el retorno sería unos kilómetros más adelante.

Según explicaron residentes en Ciudad Real Oriental, los más afectados serían los niños que acuden a escuelas cercanas. Hicieron un llamado a las autoridades.

Manifestaron que continuarán con las protestas si no reciben respuesta por su reclamo.

Dijeron que hay tramos de hasta 500 y 800 metros en los que no hay acceso peatonal, por lo que se sienten encerrados. Iván López, presidente de la Junta de Vecinos Residencial Paseo del Este, dijo que el propio ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, les prometió un proyecto diferente al que está en ejecución.

Aclaró que no se oponen a la ampliación de la autopista, pero que no se tomó en cuenta que esa es una zona residencial y de negocios básicamente, en donde mucha gente tiene que cruzar la avenida a pie y en vehículos.

ALGO MÁS
Convenios
Entre los acuerdos a favor de la inclusión, citó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, elaborada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2009 y ratificada mediante Resolución No. 50-01 del 15 de marzo de 2001. Obliga al País a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad

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